Editorial N° 28
Durante el proceso editorial del presente número, presenciamos el avance de la modificación de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares: la norma nacional que establece los requisitos mínimos para su protección. La modificación que se está llevando a cabo debilita la protección de los glaciares, de las zonas periglaciares y de los complejos ecosistemas asociados que dependen de ellos.
En Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo inventariados, que se encuentran distribuidos a lo largo de la Cordillera de los Andes y en las islas del Atlántico Sur. Esto quiere decir que solo el 0,4% del territorio nacional está ocupado por glaciares, reservas estratégicas de agua dulce de las que dependen, directa o indirectamente, más de 25 millones de personas. En este mundo del revés, resulta ilógico desenterrar el oro de la montaña para volver a enterrarlo en las bóvedas de los bancos, como dice Marta Maffei, impulsora de la ahora antigua Ley de Glaciares.
La ley modificada reconocía y protegía la multiplicidad de funciones que cumplen estos ambientes: son reservas de agua dulce, regulan las cuencas hídricas, influyen en el clima, son sostenedores de la biodiversidad y los ecosistemas circundantes, y constituyen valiosos archivos de la historia climática del planeta.
La nueva ley permite sustituir investigaciones científicas de alta calidad por estudios de impacto ambiental poco claros. Además, debilita el sustento científico construido durante décadas y abre la puerta a la explotación megaminera de altura, generadora de impactos ambientales, económicos y sociales negativos para el país a mediano y largo plazo.
Desde este comité editorial consideramos que las decisiones políticas deben basarse en evidencia científica sólida y orientarse al bienestar de las mayorías presentes y futuras. Sostenemos la defensa de una ley que supo ser pionera en la protección de los glaciares. Por eso nuestro compromiso siempre será con la ciencia, el ambiente y la vida por sobre los intereses de grupos económicos.